El pasado domingo 14 de julio La Tercera y El Mercurio publicaron un inserto pagado por la Sociedad Nacional de Agricultura; Confederación de la Producción y del Comercio; la Cámara Chilena de la Construcción; la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo; la Sociedad Nacional de Minería y la Asociación de Bancos, donde expresan su preocupación ante la actual reforma al Código de Aguas, que busca cambiar (entre otros aspectos) el régimen de la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento del agua (Artículo 19, N°24 de la Constitución de la República) por “concesiones administrativas” de carácter temporal, extinguibles y caducables, y sin indemnización para los propietarios de derechos anteriores y posteriores a este proyecto de ley.
La Mesa de Trabajo por la Recuperación Democrática del Agua de la Región de Valparaíso, considera que aunque esta Reforma está lejos de lo necesario, se debe dar la discusión sobre el Artículo 19 numeral 24 de la Constitución política del 80, que da origen a la desigualdad y privatización del Agua en Chile, sin garantizar este vital elemento como un Derecho Humano. El agua es un bien común, su acceso y uso deben estar bajo gestión pública con participación comunitaria.
Si bien este inserto menciona que la actual reforma es “inconstitucional y perjudicial para el bienestar de la sociedad y las personas”, esta defensa desde el sector empresarial apunta solo a velar por el interés de quienes hoy son los dueños del agua, no considerando a casi un millón y medio de chilenas y chilenos que viven en áreas rurales del país, sin acceso al agua para consumo doméstico y saneamiento, con todas las repercusiones que esto conlleva a las condiciones mínimas de dignidad.
Cabe recordar que el actual derecho de propiedad de las aguas, es un derecho real, sobre el cual los particulares, dueños del agua, hacen uso, goce y usufructo, lo que incluye los fines productivos particulares. La exigencia de mantener el modelo privado de aguas, sólo beneficia a sus dueños y no a la sociedad en su conjunto, en rigor, lo privado no es sinónimo de lo público, como queda claramente demostrado en el inserto publicado el reciente día Domingo.
Como Mesa de Trabajo Regional por la Recuperación Democrática del Agua, rechazamos aquellas expresiones sediciosas, contenidas en el inserto, que sostienen que cualquier modificación a los derechos de propiedad de las aguas tendrá graves consecuencias para la institucionalidad política y económica del país.
Del mismo modo manifestamos nuestra preocupación ante la Comisión de Agricultura del Senado -donde se encuentra el actual proyecto de reforma- que ha desestimado realizar la Consulta Indígena para algunos aspectos del proyecto (porque contiene temas que afectan a dicho sector), aún cuando un informe en derecho de la Biblioteca del Congreso y el INDH, expresaron que era recomendable aplicarla.
Estamos en un escenario de crisis climática a nivel global, crisis que se encuentra íntimamente relacionada con el modelo económico actual, ese que impulsa el desarrollo económico hasta límites infinitos, en un planeta con recursos finitos, donde Chile no es la excepción, muy por el contrario, es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y la gestión de las aguas, por ende, necesitamos una nueva legislación entorno al agua, que responda de manera urgente al contexto que estamos viviendo. Desprivatizar el agua es necesario y avanzar hacia una regulación que permita hacer frente al escenario actual de creciente escasez hídrica, especialmente ad portas de la COP-25, donde el Gobierno buscará impropiamente mostrarse como líder en materia ambiental.
La Mesa de Trabajo por la recuperación Democrática de Agua – Región de Valparaíso está compuesta por: Mujeres Zona de Sacrificio – MODATIMA – Putaendo Resiste – Unión Comunal de APR Cabildo- Fundación Newenko – Diputado Diego Ibáñez FA – Senador Juan Ignacio Latorre RD-FA